El pasado domingo se publicó este artículo en El Colombiano
En la mira, edificios tipo VIP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN denunciará ante Fiscalía proyectos de vivienda de interés prioritario que estarían burlando la ley.
Ante la Fiscalía y la Procuraduría, la Secretaría de Planeación de Medellín entablará denuncias en contra de más de 20 firmas constructoras que adelantan proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en estratos 5 y 6, burlando la normatividad existente para estos desarrollos urbanísticos.
Tras los hallazgos realizados en visitas, la Administración encontró que algunos constructores están violando el tope establecido por el Gobierno Nacional para este tipo de vivienda, de 70 salarios mínimos legales vigentes, es decir de 37 millones de pesos, (Ley 1251 del 2006) mediante argucias como firmas de varios contratos.
Esos contratos adicionales elevan el costo de la vivienda que, al final, queda en manos de la clase media, desvirtuando la filosofía con la cual se creó la tipología de VIP, dirigida a los hogares de escasos recursos.
Otra manera de burlar la norma es que construyen en áreas de estratos 5 y 6 que, de entrada, eleva el costo de esas unidades habitacionales por el valor del suelo. Pero para equilibrar el costo aprovechan que la ley es muy flexible con estos proyectos a los que se les permite altas densidades, cesiones del solo 25 por ciento del área neta urbanizable (cuando lo normal para otro tipo de proyecto es del 70 por ciento) y aplicar obligaciones urbanísticas en frentes y áreas mínimas de lote, estacionamientos, altura, retiros, zonas verdes para reducir costos. Por ejemplo, un proyecto VIP permite un parqueadero por cada 10 viviendas.
Además, gozan de ventajas tributarias y notariales como reintegro del IVA pagado por los materiales, exención de retención en la fuente, en el registro, en la escritura y en el impuesto de construcción.
Estas firmas constructoras, que según Planeación Municipal y Camacol no son de reconocida trayectoria, aprovecharon que el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín no estableció los sectores o las áreas donde se podían desarrollar este tipo de proyectos.
Explica Silvia Baena, profesional de la Secretaría de Planeación, que en ese orden de ideas en sectores como El Poblado, El Velódromo, Simón Bolívar y demás barrios de estrato 5 y 6, este tipo de vivienda no resiste, porque una cosa es el edificio y otra el suelo.
"Es posible que el apartamento aislado del suelo pueda tener un valor de 35 millones de pesos, pero cuando ese apartamento lo estoy construyendo sobre un suelo ubicado en El Poblado el valor se sube y supera el tope de los 70 salarios mínimos legales vigentes", explica la funcionaria.
Aunque, hace la salvedad, de que si bien en el POT no se tenía contemplado, en el estatuto tributario sí se quieren generar estímulos para quienes desarrollen proyectos VIP en estratos 1, 2 y 3 donde efectivamente se ubican los hogares de escasos recursos.
Con el ánimo de controlar esta situación, se visitaron las cuatro Curadurías de Medellín para identificar los proyectos VIP que se estaban aprobando y los sectores en los que se estaban desarrollando.
Y la Unidad de Control encontró que hay más de 20 proyectos de este tipo que podrían estar burlando la norma. En la revisión adelantada se pudo también observar que en unas Curadurías había mayor número de solicitudes que en otras.
De ahí que se le solicitó una visita a la Procuraduría General de la República para que se percatara del problema y se están consolidando los datos e iniciando las denuncias ante la Fiscalía y el mismo Ministerio Público.
Las denuncias se sustentan en dos razones fundamentales: ante la Fiscalía porque estas firmas que adelantan proyectos de VIP en estratos 5 y 6, en los formatos que estableció el Ministerio para la solicitud de licencias, señalaron bajo la gravedad de juramento que lo que iban a desarrollar eran proyectos VIP, con precios que no superan los 70 salarios mínimos legales vigentes. Si falsearon esa declaración, será el ente investigador el que determine qué tipo de delito se está cometiendo.
Además, la Administración tiene conocimiento de que en muchos de estos proyectos a los compradores les hacen firmar dos documentos: uno en relación con el apartamento y otro por el parqueadero o por los acabados del mismo, que sumados sus precios, así sea en documentos diferentes, superan los valores establecidos.
Y ante la Procuraduría para que verifique si existe o no un detrimento para el fisco del Municipio en relación con el porcentaje de cesión y de obligaciones urbanísticas, definidas por los curadores para este tipo de proyectos.
Estas medidas se suman a la expedición del decreto 012 de enero de este año, en el que se definen claramente las obligaciones urbanísticas de estos proyectos que deben corresponder a las establecidas en el POT con sus respectivos polígonos o zonas geoeconómicas.
"Desde la fecha en que se publicó el decreto, las solicitudes para proyectos VIP han disminuido en un 99 por ciento en esos sectores", afirmó Silvia Baena.
Tras los hallazgos realizados en visitas, la Administración encontró que algunos constructores están violando el tope establecido por el Gobierno Nacional para este tipo de vivienda, de 70 salarios mínimos legales vigentes, es decir de 37 millones de pesos, (Ley 1251 del 2006) mediante argucias como firmas de varios contratos.
Esos contratos adicionales elevan el costo de la vivienda que, al final, queda en manos de la clase media, desvirtuando la filosofía con la cual se creó la tipología de VIP, dirigida a los hogares de escasos recursos.
Otra manera de burlar la norma es que construyen en áreas de estratos 5 y 6 que, de entrada, eleva el costo de esas unidades habitacionales por el valor del suelo. Pero para equilibrar el costo aprovechan que la ley es muy flexible con estos proyectos a los que se les permite altas densidades, cesiones del solo 25 por ciento del área neta urbanizable (cuando lo normal para otro tipo de proyecto es del 70 por ciento) y aplicar obligaciones urbanísticas en frentes y áreas mínimas de lote, estacionamientos, altura, retiros, zonas verdes para reducir costos. Por ejemplo, un proyecto VIP permite un parqueadero por cada 10 viviendas.
Además, gozan de ventajas tributarias y notariales como reintegro del IVA pagado por los materiales, exención de retención en la fuente, en el registro, en la escritura y en el impuesto de construcción.
Estas firmas constructoras, que según Planeación Municipal y Camacol no son de reconocida trayectoria, aprovecharon que el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín no estableció los sectores o las áreas donde se podían desarrollar este tipo de proyectos.
Explica Silvia Baena, profesional de la Secretaría de Planeación, que en ese orden de ideas en sectores como El Poblado, El Velódromo, Simón Bolívar y demás barrios de estrato 5 y 6, este tipo de vivienda no resiste, porque una cosa es el edificio y otra el suelo.
"Es posible que el apartamento aislado del suelo pueda tener un valor de 35 millones de pesos, pero cuando ese apartamento lo estoy construyendo sobre un suelo ubicado en El Poblado el valor se sube y supera el tope de los 70 salarios mínimos legales vigentes", explica la funcionaria.
Aunque, hace la salvedad, de que si bien en el POT no se tenía contemplado, en el estatuto tributario sí se quieren generar estímulos para quienes desarrollen proyectos VIP en estratos 1, 2 y 3 donde efectivamente se ubican los hogares de escasos recursos.
Con el ánimo de controlar esta situación, se visitaron las cuatro Curadurías de Medellín para identificar los proyectos VIP que se estaban aprobando y los sectores en los que se estaban desarrollando.
Y la Unidad de Control encontró que hay más de 20 proyectos de este tipo que podrían estar burlando la norma. En la revisión adelantada se pudo también observar que en unas Curadurías había mayor número de solicitudes que en otras.
De ahí que se le solicitó una visita a la Procuraduría General de la República para que se percatara del problema y se están consolidando los datos e iniciando las denuncias ante la Fiscalía y el mismo Ministerio Público.
Las denuncias se sustentan en dos razones fundamentales: ante la Fiscalía porque estas firmas que adelantan proyectos de VIP en estratos 5 y 6, en los formatos que estableció el Ministerio para la solicitud de licencias, señalaron bajo la gravedad de juramento que lo que iban a desarrollar eran proyectos VIP, con precios que no superan los 70 salarios mínimos legales vigentes. Si falsearon esa declaración, será el ente investigador el que determine qué tipo de delito se está cometiendo.
Además, la Administración tiene conocimiento de que en muchos de estos proyectos a los compradores les hacen firmar dos documentos: uno en relación con el apartamento y otro por el parqueadero o por los acabados del mismo, que sumados sus precios, así sea en documentos diferentes, superan los valores establecidos.
Y ante la Procuraduría para que verifique si existe o no un detrimento para el fisco del Municipio en relación con el porcentaje de cesión y de obligaciones urbanísticas, definidas por los curadores para este tipo de proyectos.
Estas medidas se suman a la expedición del decreto 012 de enero de este año, en el que se definen claramente las obligaciones urbanísticas de estos proyectos que deben corresponder a las establecidas en el POT con sus respectivos polígonos o zonas geoeconómicas.
"Desde la fecha en que se publicó el decreto, las solicitudes para proyectos VIP han disminuido en un 99 por ciento en esos sectores", afirmó Silvia Baena.
» Regados en toda la ciudad
Como bola de nieve, crecen las denuncias
Aunque la cifra, aún sin consolidar, de la Secretaría de Planeación de Medellín de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que han sido licenciados y que no cumplen con la normatividad establecida para estos desarrollos urbanísticos es de unos 20 y que el concejal Bernardo Alejandro Guerra afirma que tiene datos de 32, el número podría ser mayor debido a que una vez se publicó en este diario, el pasado 12 de marzo, el artículo: ¿La vivienda popular llega al "estrato cielo"?, llegaron numerosos correos denunciando otros en diferentes sitios de la ciudad.
Uno de ellos, quien pidió reserva del nombre, habla de cuatro proyectos en el mismo sector, El Velódromo.
También se habla de otros en Calasanz, San Joaquín, Conquistadores, Santa Mónica, Laureles, Boston y en la Circular 2a entre la avenida Bolivariana donde dicen hay tres proyectos similares.
"Con esto pierde la ciudad con altas densidades, obligaciones por zonas verdes insignificantes, lo que se ve reflejado en más personas en un sector y menos espacio público", expresa el arquitecto John Fredy Rivera.
Para el concejal Fabio Rivera, quien aclara que estas denuncias que han salido también desde la corporación no van en contra de la vivienda de interés prioritario, sino de los constructores que bajo esa figura, de manera irresponsable, maliciosa y rayando en la ilegalidad, construyen en estratos 4, 5 y 6 vivienda con los beneficios de VIP, pero que no son para las familias de escasos recursos.
Eduardo Loaiza, gerente de Camacol, destaca que el decreto 012, de enero, define unos requisitos para que eso no suceda. Pero también pide distinguir entre constructores y "vivos". "Nosotros no avalamos eso. Tenemos comités de ética y si un empresario hace algún esguince a la ley, incumple y nos hace quedar mal, el gremio tiene la obligación de retirarlo"
Uno de ellos, quien pidió reserva del nombre, habla de cuatro proyectos en el mismo sector, El Velódromo.
También se habla de otros en Calasanz, San Joaquín, Conquistadores, Santa Mónica, Laureles, Boston y en la Circular 2a entre la avenida Bolivariana donde dicen hay tres proyectos similares.
"Con esto pierde la ciudad con altas densidades, obligaciones por zonas verdes insignificantes, lo que se ve reflejado en más personas en un sector y menos espacio público", expresa el arquitecto John Fredy Rivera.
Para el concejal Fabio Rivera, quien aclara que estas denuncias que han salido también desde la corporación no van en contra de la vivienda de interés prioritario, sino de los constructores que bajo esa figura, de manera irresponsable, maliciosa y rayando en la ilegalidad, construyen en estratos 4, 5 y 6 vivienda con los beneficios de VIP, pero que no son para las familias de escasos recursos.
Eduardo Loaiza, gerente de Camacol, destaca que el decreto 012, de enero, define unos requisitos para que eso no suceda. Pero también pide distinguir entre constructores y "vivos". "Nosotros no avalamos eso. Tenemos comités de ética y si un empresario hace algún esguince a la ley, incumple y nos hace quedar mal, el gremio tiene la obligación de retirarlo"
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